El Ministerio de Igualdad adjudicó un contrato de 42,6 millones de euros para el manejo de pulseras antimaltrato a pesar de detectar deficiencias en el plan de transición propuesto por la empresa seleccionada, que incluía migrar datos históricos esenciales. Los servicios técnicos habían otorgado al plan una baja calificación debido a su diseño deficiente y falta de coherencia. A pesar de estas advertencias, la adjudicación se concretó, resultando en la pérdida de datos históricos en el sistema, lo que afectó la protección de numerosas mujeres. El contrato, que también involucra fondos europeos, está bajo la lupa por su gestión apresurada y la exclusión de otros licitadores por problemas técnicos. La situación ha derivado en un escándalo que pone en riesgo la seguridad de miles de víctimas de violencia de género.
Leer noticia completa en OK Diario.