El Gobierno de Israel ha implementado la medida de retirar las licencias a 37 organizaciones no gubernamentales internacionales que operan en la Franja de Gaza y Cisjordania, provocando un fuerte rechazo internacional. Según el Ejecutivo israelí, dicha acción se debe a que estas ONG no cumplieron con un nuevo proceso obligatorio de registro, justificado por razones de seguridad, pero criticado por vulnerar principios humanitarios. La normativa demanda información sensible de las organizaciones y niega permisos basados en posturas políticas contrarias a Israel. Médicos Sin Fronteras y otras ONG afectadas advierten que la decisión pone en peligro la atención a cientos de miles de personas dependientes de ayuda, mientras que la ONU y la Unión Europea han condenado la medida por sus potenciales «catastróficas» repercusiones en la población civil de Gaza. En reacción, organizaciones israelíes de derechos humanos argumentan que la acción incumple obligaciones legales internacionales de asegurar asistencia adecuada a los palestinos.
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