La batalla contra la piratería en Europa ha escalado a niveles más altos de la infraestructura de Internet, poniendo en la mira a empresas tecnológicas de gran envergadura. Recientemente, la Autoridad italiana de comunicaciones (Agcom) impuso una sanción a Cloudflare Inc. que supera los 14 millones de euros. La razón: el incumplimiento de un requerimiento previo para bloquear contenidos ilícitos, en línea con la Ley antipiratería 93/2023 y su implementación a través de la plataforma Piracy Shield.
La medida fue adoptada formalmente por el Consejo de Agcom el 29 de diciembre de 2025 y notificada el 8 de enero de 2026. Se centró en que Cloudflare no deshabilitó el acceso a recursos vinculados a la piratería mediante el bloqueo de la resolución DNS de dominios y el reencaminamiento del tráfico hacia direcciones IP identificadas por los titulares de derechos. Agcom sostiene que, incluso después de ser notificada, la compañía no aplicó acciones efectivas para evitar el uso de sus servicios en la distribución de contenidos ilegales.
El contexto regulatorio en Italia ha evolucionado hacia una aplicación más amplia contra la piratería, señalando a proveedores de servicios de la sociedad de la información que faciliten el acceso a sitios o servicios ilegales. Este enfoque trasciende el bloqueo tradicional a nivel de Proveedores de Servicios de Internet (ISP) y se centra en la infraestructura como DNS públicos, VPN, e inclusive motores de búsqueda.
En el caso de Cloudflare, la implicación es significativa debido a su papel fundamental como proveedor de servicios CDN, proxy inverso, DNS público y mitigación DDoS. La actuación de Agcom abre una discusión crucial sobre el equilibrio entre la lucha contra la piratería y la posible afectación de servicios legítimos.
La sanción aplicada por Agcom, basada en un cálculo del 1% del volumen global de negocios de Cloudflare, ejemplifica no sólo un castigo económico, sino también destaca la obligación técnica de actuar sobre el DNS y el encaminamiento hacia IPs señalados. Esto se inscribe dentro del marco operativo de Piracy Shield, diseñado para responder rápidamente ante transmisiones no autorizadas, especialmente en entornos de retransmisión en directo.
Desde su implementación en febrero de 2024, Piracy Shield ha permitido el bloqueo de más de 65,000 FQDN y cerca de 14,000 IP asociadas con la distribución ilícita de contenidos. Este volumen de operaciones subraya la necesidad de un alto grado de automatización y un enfoque de tiempo real en los procesos de bloqueo, lo que plantea desafíos para los proveedores de infraestructura en la identificación y manejo de casos límite.
La sanción pone de relieve varias implicaciones prácticas para el ecosistema de la infraestructura de Internet: la necesidad de incluir el cumplimiento normativo en el plano de datos, asegurar la trazabilidad de las acciones y enfrentar riesgos reputacionales y operativos significativos.
Italia se posiciona como un modelo regulador en la rápida gestión del acceso a contenidos ilegales en línea. Este enfoque, que busca intervenir en los «puntos de palanca» de Internet, es potencialmente exportable a otros países, abriendo un debate sobre cómo actuar sobre la infraestructura sin ocasionar problemas sistémicos. La discusión no se centra en la existencia de piratería, sino en cómo se lleva a cabo la intervención sin perjudicar servicios lícitos.
La controvertida medida también plantea interrogantes para proveedores de servicios tecnológicos que, sin alojar contenido directamente, facilitan su acceso o aceleración. Ante este escenario, los equipos técnicos y de seguridad deben evaluar y reforzar sus políticas y capacidades para ejecutar bloqueos, garantizar la trazabilidad, y contar con mecanismos para la pronta respuesta a exigencias legales y técnicas emergentes.
