En una nueva controversia legal en Estados Unidos, la Electronic Frontier Foundation (EFF) ha alzado la voz contra el estado de Utah, destacando un conflicto entre regulaciones estatales y derechos constitucionales de la juventud en el ámbito digital. En el centro de este debate se encuentra la Ley de Protección Menor en Redes Sociales, que limita la interacción de menores en plataformas sociales, permitiéndoles comunicarse únicamente con usuarios ya conocidos.
Esta normativa requiere el consentimiento parental para que los jóvenes puedan interactuar fuera de su círculo inmediato, transformando sus cuentas en entornos prácticamente invisibles para el público en general. La EFF argumenta que estas restricciones no solo violan los derechos de los jóvenes, sino que también afectan a todos los usuarios de redes sociales. La obligatoriedad de verificar la edad de cada usuario amenaza la privacidad y anonimato, esenciales para la libre expresión en línea.
Según el argumento de la EFF, los menores, al igual que los adultos, están amparados por la Primera Enmienda, que garantiza la libertad de expresión y el acceso a debates políticos, artísticos y religiosos. Las disposiciones de Utah obstaculizan la comunicación efectiva de los jóvenes con sus comunidades, afectando su desarrollo personal y social.
La ley plantea un potencial desincentivo para la participación en plataformas digitales, al exigir información personal que despierta temores sobre la privacidad y seguridad. Organizaciones como la ACLU y defensores de los derechos digitales se han unido en apoyo a la postura de la EFF, subrayando que la protección de la juventud no debería poner en riesgo derechos fundamentales de expresión y privacidad en el entorno digital.
