La preocupación por la guerra se incrementa en un contexto de crecientes tensiones internacionales. En España, aunque el servicio militar obligatorio fue abolido en 2001 en favor de un ejército profesional de aproximadamente 120,000 efectivos, la Constitución garantiza a los ciudadanos el derecho y deber de defender al país. La estructura de defensa española contempla un sistema de reservistas en tres categorías: especial disponibilidad, voluntarios y obligatorios. En caso de conflicto, se movilizaría inicialmente a los reservistas de especial disponibilidad, compuestos por exmilitares y civiles voluntarios. Si fuera necesario, se sumaría a reservistas voluntarios, quienes, aunque sin experiencia previa, se han ofrecido para recibir formación. En última instancia, el gobierno podría recurrir a reservistas obligatorios, ciudadanos de 19 a 25 años, mediante un proceso de selección y formación, aunque tienen la opción de acogerse a la objeción de conciencia. Este sistema de reservistas complementa al ejército profesional, asegurando la capacidad de respuesta del país ante posibles amenazas.
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