Andalucía ha marcado un antes y un después en la historia reciente de la Administración Pública con la reciente firma de un acuerdo histórico que beneficiará a más de 70.000 funcionarios. Este pacto, oficializado en el Palacio de San Telmo, implica una inversión de 250 millones de euros destinada a modernizar la atención al ciudadano y mejorar las condiciones laborales del personal público. Se trata del primer acuerdo de carácter global en casi dos décadas, el cual fue firmado con todos los sindicatos representativos.
Bautizado como «Acuerdo por el Empleo Público Andaluz», este compromiso del presidente Juanma Moreno tendrá una vigencia de cinco años y está destinado a ser ratificado por el próximo Consejo de Gobierno. De acuerdo con Moreno, representa una reforma “ambiciosa y necesaria”, cuyo objetivo es alinear los salarios de los funcionarios de la Junta con la media del conjunto de las administraciones públicas del Estado. Este avance en el diálogo social refleja un fortalecimiento de la cooperación entre el Gobierno andaluz y los sindicatos.
Uno de los propósitos esenciales del acuerdo es transformar la Administración General de la Junta hacia un modelo más eficiente y digitalizado, enfocado en el ciudadano. El plan prevé el rediseño de servicios, eliminación de duplicidades y la optimización de la atención a los andaluces, facilitando un enfoque de innovación y mejora continua. Moreno destacó que se abre una nueva etapa, donde la administración priorizará una organización digital y simplificada para ofrecer a los casi nueve millones de andaluces un servicio más ágil y eficaz.
El compromiso también incluye instrumentos clave derivados de la Ley de Función Pública, como el acceso a la administración y la evaluación del desempeño, que buscan premiar a los buenos funcionarios y mejorar la reputación del cuerpo administrativo. El Gobierno andaluz implementará un nuevo modelo de carrera profesional que incentive la formación y la promoción interna, alineando así la función pública con estándares de calidad y compromiso.
Dentro del acuerdo se establece la recuperación progresiva de ayudas de acción social y la actualización del VII Convenio Colectivo del personal laboral, que han permanecido paralizados desde 2002. Este pacto busca “saldar deudas históricas” con los funcionarios andaluces, consolidadando un modelo de gestión fundamentado en el diálogo y la responsabilidad.
El acuerdo también destaca el contraste con la inacción del Gobierno central en materia de acuerdos laborales, subrayando que, mientras que Andalucía ha trabajado intensamente con los sindicatos, el Gobierno de Sánchez parece alejado de estos compromisos. Esta estrategia a largo plazo ha permitido crear un clima propicio para el entendimiento y la cooperación, priorizando el bien común por encima de la política.
Finalmente, el Gobierno andaluz ha puesto de relieve el reto generacional que enfrenta la función pública debido a las diversas jubilaciones previstas en un futuro cercano. Para abordar esta situación, se promueven medidas destinadas a atraer talento joven e incorporar nuevos perfiles en la administración, asegurando que sea atractiva para las nuevas generaciones.
Con este acuerdo, Andalucía se posiciona en la vanguardia del empleo público, reforzando su compromiso con una administración más eficiente y orientada a servir a la ciudadanía. La firma de este pacto con los funcionarios no solo consolida el liderazgo del Gobierno andaluz en la transformación de la función pública, sino que también representa un claro compromiso por parte del Gobierno con el servicio público, reflejando una política de trabajo en conjunto y de desarrollo que impactará positivamente en la vida de los ciudadanos.
Fuente: Partido Popular Andalucía
