En un episodio reciente que refleja la intensa polarización política en los Estados Unidos, varios jueces federales han criticado con severidad decretos ejecutivos emitidos por el expresidente Donald Trump. Estos decretos estaban dirigidos contra bufetes de abogados que representan cuestiones y clientes que entran en conflicto con las posturas del exmandatario. Las palabras utilizadas para describir estas acciones incluyen «pernicioso», «sin precedentes» y «egregio». Estas decisiones judiciales destacan la tensión entre el poder ejecutivo y la independencia jurídica en un clima político cada vez más dividido.
La Electronic Frontier Foundation (EFF), una organización jurídica dedicada a la defensa de los derechos digitales, se pronunció en defensa del bufete Perkins Coie, que desafió la legalidad de uno de los decretos ejecutivos. Tanto este bufete como otros han visto cómo jueces federales dictaminaban la nulidad de las órdenes. En cuatro casos donde EFF presentó breves amicus, los tribunales han emitido órdenes permanentes para invalidarlas.
Entre las acciones más notables está el decreto firmado por Trump el pasado 6 de marzo contra Perkins Coie. El juez Beryl A. Howell calificó este acto de «inconstitucional», argumentando que penalizar a un bufete en función de sus causas legales es un atentado contra los principios constitucionales que defienden el libre ejercicio y la disidencia.
Otro decreto, emitido el 25 de marzo contra Jenner & Block, fue declarado inconstitucional por el juez John D. Bates, quien lo describió como un intento gubernamental de silenciar la expresión legal disidente, lo que socava la separación de poderes.
Similar fue el caso de WilmerHale, que el juez Richard J. Leon desestimó el 27 de marzo, reiterando la importancia de la independencia judicial y el derecho de los abogados a asumir casos controversiales como fundamentos del estado de derecho.
El más reciente decreto, dirigido a Susman Godfrey el 9 de abril, está siendo evaluado para una posible nulidad permanente. Sin embargo, el juez Loren L. AliKhan ya destacó la acción como una «sorprendente abuso de poder», subrayando que tales medidas son un intento de coacción que no debería tener cabida en un sistema de gobierno democrático.
La EFF ha enfatizado que una profesión legal independiente es fundamental para mantener la democracia y el estado de derecho. Frente a un panorama donde algunos despachos han cedido ante presiones, esta organización aboga por que la profesión legal se oponga firmemente a estos ataques, protegiendo así los cimientos de la representación legal en el país.
