El actual gobierno enfrenta críticas por intentar reformar el sistema judicial, en un movimiento percibido como un esfuerzo por controlar el poder judicial y favorecer a figuras afines. Se compara este intento con prácticas de gobiernos autoritarios en Venezuela y Cuba, sugiriendo un socavamiento de la división de poderes. La reforma ha provocado una respuesta de jueces y fiscales, que han organizado una huelga simbólica, mientras que las instituciones europeas han emitido advertencias al respecto. La situación genera preocupación ante la posibilidad de repercusiones más severas desde la Unión Europea.
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Jueces y fiscales solicitan apoyo y garantías jurídicas a Europa
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