Un juez federal en Estados Unidos ha iniciado un proceso para declarar al Gobierno del presidente Donald Trump en desacato por desobedecer una orden judicial que prohibía el envío de más de 200 migrantes, principalmente venezolanos, a una megacárcel en El Salvador. La decisión, emitida por el magistrado James Boasberg, critica al Ejecutivo por tratar de eludir fallos judiciales al utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar las expulsiones, alegando vínculos de los migrantes con pandillas como el Tren de Aragua y MS-13. A pesar de una orden judicial que bloqueaba esta medida, los vuelos con los migrantes aterrizaron en El Salvador, provocando una serie de demandas y rechazo internacional, incluyendo acusaciones de desaparición forzada por parte de Human Rights Watch. EE.UU. habría alcanzado un acuerdo con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para recibir a los migrantes en un centro penitenciario cuestionado por violaciones a derechos humanos, con un supuesto pago anual de seis millones de dólares para sustentar el sistema carcelario.
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