Ocho años después de la implementación del Sistema de Información Inmediata (SII) en España, el panorama del control fiscal ha experimentado una transformación significativa, ubicándose como uno de los sistemas más avanzados de Europa. En 2017, este cambio normativo obligaba a las grandes empresas a enviar electrónicamente y casi en tiempo real los detalles de sus facturas a la Agencia Tributaria. El resultado ha sido un camino hacia una vigilancia fiscal más intensiva, apoyada en tecnología de punta.
En sus inicios, el SII construyó una inmensa base de datos fiscal al recibir los elementos esenciales de cada transacción empresarial, desde compras en plataformas digitales hasta servicios básicos como telefonía y electricidad. La imposición pasó de ser un consentimiento burocrático a un flujo continuo de información, que desde 2019 se extendió a casi todas las empresas operando en el país. Este crecimiento en magnitud de datos ha potenciado enormemente la capacidad de análisis del fisco.
La evolución tecnológica hasta 2025 ha dado un vuelco aún mayor al escenario. La inteligencia artificial, apoyada en potentes modelos de lenguaje y unidades de procesamiento gráfico (GPU) de alto rendimiento, promete redefinir la fiscalización. En este contexto, la posible adquisición de tecnología avanzada por la Agencia Tributaria ha suscitado especulaciones. Rumores en foros especializados señalan que el Gobierno podría estar adquiriendo equipos que permitirían a Hacienda desarrollar capacidades de análisis predictivo y vigilancia automatizada más sofisticadas, lo cual podría convertirla en una entidad «inteligente» para la detección de fraude.
Estos desarrollos están en el centro de un debate sobre eficiencia fiscal contra privacidad. Si bien es cierto que el SII ha permitido hasta ahora un control detallado de gastos e ingresos de los ciudadanos, el uso de IA augura un nivel sin precedentes de penetración y control. Desde la perspectiva más positiva, esta tecnología podría reducir el fraude fiscal sin necesidad de asfixiar a los contribuyentes con procesos invasivos. Sin embargo, persiste la preocupación de que se utilice para detectar hasta las más ínfimas irregularidades, aumentando la presión sobre el ciudadano común.
Un sistema de este calibre hubiese hecho más evidente y rápidamente tratables ciertos casos de evasión u ocultación que en el pasado requirieron años de investigación legal. Tal es el caso de los episodios de financiamiento irregular y facturas opacas que han salpicado a figuras políticas de alto perfil en España.
A medida que el futuro del control tributario se amalgama con tecnología de big data e inteligencia artificial, surgen interrogantes fundamentales: ¿servirán estas innovaciones para construir un sistema más equitativo, o más bien para un control exhaustivo del ciudadano? La expectativa por un sistema que combine eficiencia tecnológica con una carga fiscal simplificada es alta. Muchos contribuyentes anhelan que esta revolución digital también conlleve una simplificación de procedimientos y una carga menos onerosa para aquellos que cumplen con sus responsabilidades fiscales.
