La Asamblea de Madrid aprobó la modificación de la Ley de Hacienda regional, impulsada por el Partido Popular y rechazada por la oposición conformada por Más Madrid, PSOE y Vox. Esta reforma busca mejorar la gestión del sector público mediante la modernización y ordenamiento de la administración autonómica, la planificación presupuestaria y la transparencia. El nuevo marco legal redefine las sociedades mercantiles del Ejecutivo y excluye a las universidades para respetar su autonomía. Además, introduce cambios en programación plurianual y estabilidad presupuestaria, modificando la legislación vigente para evitar duplicidades y adaptarse a normativas actuales. El PP sostiene que esta ley refuerza la gestión y flexibilidad de Madrid, mientras que la oposición critica que la nueva ley debilita el control institucional y promueve la descentralización económica. Vox denuncia un avance hacia el federalismo, el PSOE califica el proceso de apresurado y regresivo, y Más Madrid sugiere que la modificación protege intereses partidistas al reducir la rendición de cuentas.
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