La nueva normativa judicial en Venezuela ha dejado a los exiliados políticos en una situación legal incierta, obligándolos a depender de abogados o representantes para continuar con sus causas en los tribunales del país. La falta de claridad en las regulaciones incrementa las dificultades para este grupo, que enfrenta obstáculos adicionales para acceder a la justicia desde el extranjero. La situación genera preocupación entre expertos legales, quienes indican que esta decisión podría afectar el derecho de los exiliados a un debido proceso y a una defensa justa.
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