El Secretario de Defensa de Estados Unidos ha lanzado un ultimátum a la empresa de inteligencia artificial Anthropic, en un intento de presionarla para que su tecnología sea utilizada sin restricciones por el ejército. Este movimiento ha generado preocupación, ya que Anthropic ha mantenido una postura clara en cuanto a no permitir que su tecnología se use en sistemas de armas autónomas ni en actividades de vigilancia.
El Departamento de Defensa ha amenazado con etiquetar a Anthropic como un «riesgo de cadena de suministro» si la empresa persiste en su negativa de levantar las restricciones sobre el uso de su tecnología. Esta etiqueta podría complicar considerablemente la relación de Anthropic con el Pentágono y sus futuras oportunidades de contrato.
Anthropic, que en 2025 se convirtió en la primera empresa de inteligencia artificial autorizada para operar con información clasificada y sensible, se encuentra ahora en medio de una controversia tras un proyecto conjunto con el contratista de defensa Palantir. Esta asociación provocó sospechas sobre el uso de su tecnología en un ataque en Venezuela a principios de 2026. En respuesta, Dario Amodei, CEO de Anthropic, reafirmó que la vigilancia de ciudadanos estadounidenses y el uso en sistemas de armas autónomas son límites claros que no deben ser cruzados, y que cualquier aplicación en estas áreas requiere un análisis exhaustivo y salvaguardias adecuadas.
La administración estadounidense está aumentando la presión, amenazando con cancelar su contrato si Anthropic no reevalúa y ajusta su posición a las demandas impuestas. En un panorama donde muchas empresas tecnológicas se ven obligadas a comprometer sus principios por beneficios económicos, la influencia gubernamental no debería ser un motivo para actuar en contra de sus declaraciones públicas sobre derechos humanos y libertades civiles.
Anthropic enfrenta ahora la expectativa de sus clientes y del público de que mantenga su compromiso ético y evite convertirse en un mero instrumento de vigilancia. La comunidad tecnológica, en su conjunto, debería resistir la presión de participar en prácticas que socaven los derechos fundamentales y libertades civiles.
