La Comisión Europea, a través del Comité REACH, ha avanzado en su propuesta de prohibir la munición de plomo para la caza menor en un plazo de cinco años, desestimando la solicitud de las federaciones de caza que abogaban por un periodo transitorio de al menos diez años. Esta decisión podría significar, según el sector cinegético, el fin de la caza social en España debido a la falta de una alternativa viable desde el punto de vista técnico, económico y de seguridad.
La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha emitido un comunicado expresando su preocupación por la nueva propuesta que, además de la caza menor, afectará al tiro deportivo, mientras que deja fuera la caza mayor por el momento. La RFEC y las federaciones autonómicas de caza continúan defendiendo que no existen argumentos suficientes que justifiquen una rápida transición, subrayando la ausencia de informes que presenten alternativas al plomo que garanticen la seguridad y la eficacia necesarias a un coste asumible.
Un estudio realizado por Euractiv para la Federación Europea de Tiro Deportivo (ESSF) reveló que la prohibición podría llevar a un 25% de los cazadores a abandonar la actividad, mientras que un 30% la reduciría significativamente. Además, se estima que alrededor de medio millón de escopetas en España podrían no ser compatibles con alternativas como el acero, lo que generaría un impacto económico y social considerable.
La RFEC ha expresado su descontento con el Gobierno de España, especialmente con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), por alinearse con las posturas más restrictivas y desatender las solicitudes del sector cinegético. Según la Federación, no se han definido alternativas ni se han propuesto incentivos para mitigar el impacto de la transición, como la renovación de armas y la gestión de los stocks existentes.
Josep Escandell, presidente de la RFEC, calificó la posición del Gobierno como «incomprensible» y destacó la importancia de disponer de suficiente munición para el control de especies como el conejo y el jabalí, además de señalar los problemas de seguridad que podrían surgir con el uso de alternativas como el acero.
La propuesta será votada por los Estados miembros en junio y podría ser elevada al Parlamento Europeo en septiembre, con la posibilidad de entrar en vigor no antes de 2027, lo que mantiene en vilo al sector cinegético en España.
Fuente: Federación Andaluza de Caza.
