El Consejo de la Unión Europea está enfrentando críticas severas por su intento de convertir en permanente el Control de Chat 1.0, establecido bajo el Reglamento (UE) 2021/1232. Este movimiento, según múltiples voces, es tanto legal como éticamente arriesgado dado el contexto actual. El informe de evaluación de la Comisión, previsto para 2025, ha revelado una serie de fallos significativos. Estos incluyen la incapacidad para recopilar datos adecuados, la falta de vínculo claro entre la vigilancia masiva y las condenas efectivas, y tasas de error preocupantes en las tecnologías de detección utilizadas.
En su análisis del informe, se destaca una contradicción en la afirmación de la Comisión sobre la proporcionalidad del reglamento: aunque los datos son insuficientes para emitir un juicio definitivo, se concluye que no hay indicios de desproporcionalidad. Esta lógica, según críticos, es defectuosa, ya que basa la validez del reglamento en lagunas de información, una estrategia que desafía los fundamentos de la legislación europea y el derecho fundamental a la privacidad.
Adicionalmente, se señala que no existe una conexión palpable entre la vigilancia y las condenas por delitos. Países significativos como Alemania y España no han proporcionado datos concretos sobre condenas relacionadas con el reglamento, lo que pone en duda la efectividad del sistema, que ha producido una cantidad masiva de informes sin beneficios comprobados para la seguridad infantil.
Las críticas también apuntan a las altas tasas de error en las tecnologías de detección empleadas. Empresas como Microsoft no logran calcular sus tasas de error, mientras que plataformas como Yubo reportan errores sustanciales en la detección de contenido ilícito. La ineficacia de estos algoritmos podría llevar a que usuarios inocentes sean injustamente vigilados o reportados a las autoridades.
Además, el informe revela fallas en la supervisión y recopilación de datos, con proveedores que no utilizan formularios estándar y Estados miembros que envían información fragmentada. Esta descoordinación interna dentro de la UE dificulta la gestión adecuada del sistema, que además se enfrenta a la creciente tendencia hacia la encriptación de extremo a extremo, lo cual hace que el reglamento sea obsoleto al no poder escanear comunicaciones cifradas sin vulnerar la privacidad.
Finalmente, la falta de evaluación sobre la invasión a la privacidad añade una capa crítica al debate. El reglamento requiere que cualquier tecnología se implante de la manera menos intrusiva posible, sin embargo, la Comisión admite no tener evidencia suficiente para garantizar este cumplimiento.
En conclusión, la insistencia del Consejo en perpetuar un régimen de vigilancia masiva que no puede demostrar su eficacia ni minimizar adecuadamente la intrusión a la privacidad plantea serias preocupaciones. Este enfoque, tal como se presenta en el informe, sugiere una «seguridad performativa» que sacrifica derechos fundamentales sin una justificación convincente.
