La Comisión Europea ha iniciado procedimientos contra España por prácticas fiscales discriminatorias hacia no residentes, quienes deben pagar un impuesto adicional por sus viviendas, en contraste con los residentes locales. Bruselas sostiene que esta normativa infringe la libre circulación dentro de la UE. Además, España enfrenta expedientes por la incorrecta transposición de directivas sobre agua potable y la Directiva Seveso III, que regula la gestión de riesgos en accidentes industriales. La Comisión ha dado un plazo de dos meses para que España corrija estas deficiencias, advirtiendo de posibles acciones legales si no se obtienen respuestas satisfactorias.
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La Comisión Europea Inicia Procedimiento Contra España por Discriminación Fiscal a No Residentes en el IRPF
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