La controversia se intensifica en torno a la decisión de Carles Puigdemont de asignar un número significativamente mayor de menores inmigrantes a comunidades como Madrid, Valencia y Andalucía, con 2.000 menores, en comparación con los 20 que se estima para Cataluña. Esta disparidad ha generado críticas sobre la equidad y la solidaridad entre las comunidades autónomas, planteando un debate sobre la responsabilidad compartida en la gestión de la inmigración y el papel de Cataluña en este desafío nacional. La medida ha sido vista por muchos como un intento de eludir responsabilidades y ha suscitado preguntas sobre los criterios subyacentes para la distribución de los menores, lo que alimenta aún más la polémica en un contexto ya tenso de relaciones interregionales.
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La Comunidad de Madrid Advierte de una Crisis de Capacidad en Centros de Menores: Ocupación Alcanza el 132%
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