Yolanda Díaz propone un significativo aumento de impuestos para apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 y financiar el cupo catalán, a pesar de la controversia y la percepción de injusticia e ineficiencia asociadas al concierto fiscal catalán. Entre las medidas, se incluyen elevar el IRPF para rentas superiores a 150,000 euros, reducir el umbral del Impuesto de Patrimonio a más de un millón de euros, eliminar deducciones, igualar la tributación de rentas del capital a las del trabajo, hacer permanentes los impuestos a la banca y empresas energéticas, y hacer progresivo el IBI. Además, Díaz busca intervenir en el mercado inmobiliario impidiendo la compra de viviendas como inversión. Estas propuestas recuerdan políticas comunistas y socialistas, criticadas por buscar reducir la riqueza en lugar de solucionar la pobreza. El plan es visto como confiscatorio y se teme que empobrezca aún más a la sociedad española, sacrificando la financiación de servicios básicos y fomentando una economía dependiente de impuestos altos y fondos redistribuidos.
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