La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Perú por la esterilización forzada y muerte de Celia Ramos Durand en 1997, en el contexto del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, implementado bajo el gobierno de Alberto Fujimori. La sentencia, pionera en su uso de los términos «violencia reproductiva» y «esterilizaciones forzadas», resalta que este caso no fue aislado, sino parte de una campaña estatal dirigida a mujeres vulnerables. El tribunal exigió al Estado un acto de perdón, medidas de reparación y la creación de normativas sobre el consentimiento informado en salud reproductiva. Además, obliga a investigar a fondo los responsables internos de las políticas que llevaron a estas prácticas, destacando que no podrán ser indultados. La decisión enfatiza la magnitud de estas intervenciones, que alcanzaron 314,000 mujeres y 24,000 hombres, muchas veces sin consentimiento adecuado, apuntando a los derechos humanos violados de Celia Ramos y sus tres hijas menores. Esta sentencia se erige como un referente en la región, subrayando el compromiso de evitar la repetición de tales violaciones.
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