La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), ha realizado un significativo esfuerzo para atender a familias en situación de riesgo psicosocial durante el año 2024, beneficiando a un total de 167 familias y 320 menores, la mayoría de entre 12 y 17 años. Este apoyo se canaliza a través de los Planes de Tratamiento Familiar, cuyo principal objetivo es intervenir en contextos familiares difíciles para evitar medidas de protección que podrían desintegrar la unidad familiar.
Irene Aguilera, presidenta del IPBS, ha destacado la complejidad y la envergadura de este programa, resaltando su efectividad: en el 69% de los casos, se han alcanzado los objetivos planteados, lo que garantiza la seguridad y el bienestar de los menores. “Seguimos trabajando por mantener las familias y esos riesgos controlados”, subrayó Aguilera en su comparecencia.
En el desglose de los menores atendidos, el 55,09% provienen de tratamientos iniciados antes de 2024, lo que refleja que los equipos de tratamiento familiar pueden operar hasta por 24 meses, asegurando una atención prolongada y eficaz.
Aguilera también ha proporcionado información sobre los tipos de desprotección que enfrentan los menores. La negligencia y el maltrato psicológico y emocional son los problemas más comunes, con porcentajes que alcanzan el 79,38% y el 66,25%, respectivamente. Además, el 30% de los casos se relacionan con la incapacidad parental para controlar la conducta de los menores, mientras que el maltrato físico y el abandono se presentan en un 15% y un 11,56% de los casos, respectivamente.
En cuanto a los indicadores de riesgo asociados a los menores, Aguilera ha enumerado preocupantes cifras: el 35,63% están expuestos a violencia de género, el 26,56% presenta problemas de conducta y el 20,31% sufre de absentismo escolar. Otros riesgos incluyen problemas de salud mental (15,94%), asunción de roles parentales (10,63%) y adicciones (9,38%). Estos datos resaltan la necesidad de una atención integral y coordinada.
En este sentido, la coordinación con otros sistemas de protección es crucial para la efectiva intervención familiar. Aguilera ha enfatizado la fluidez en la colaboración con el Servicio de Protección de Menores, así como con el sistema educativo, sanitario y otras entidades como ayuntamientos y ONGs. Esta colaboración interinstitucional es esencial para abordar las necesidades de las familias y de los menores de manera holística.
Al analizar el perfil de las familias atendidas, se observa que las familias biparentales representan el 37,13% de los casos, seguidas por las monoparentales-madre (35,93%) y un menor porcentaje de monoparentales-padre (4,79%). Las familias reconstituidas constituyen un 12,57%. En términos de empleo, el 49,06% de las madres están desempleadas, frente al 21,90% de los padres. Además, un alto porcentaje de padres y madres no ha finalizado sus estudios obligatorios, alcanzando el 51,43% y el 55,97%, respectivamente.
La situación económica de estas familias presenta un panorama complicado: el 37,13% enfrenta dificultades económicas, aunque ninguna de estas afecta a la cobertura de necesidades básicas. Por otro lado, el 32,34% no tiene dificultades económicas, pero un 30,54% sí se encuentra en una situación que afecta directamente a sus necesidades básicas.
Este conjunto de acciones y datos reflejan el compromiso de la Diputación de Córdoba con la atención y protección de los menores y sus familias, destacando la importancia de la prevención y el tratamiento adecuado en contextos de vulnerabilidad social.
Fuente: Diputación de Córdoba.
