El pleno de la Diputación de Málaga ha tomado una decisión unánime al aprobar una moción que exige al Gobierno de España que asuma sus responsabilidades y proceda con la construcción de la desaladora de la Axarquía. Este proyecto, que ha sido declarado de interés general del Estado, es considerado fundamental para atender las crecientes necesidades hídricas de la comarca y de la provincia en su conjunto.
Cristóbal Ortega, vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible, así como portavoz del equipo de gobierno, subrayó la relevancia de esta infraestructura para el futuro hídrico de la región. Ortega recordó que el Gobierno anunció la construcción de la desaladora en mayo de 2023, apenas antes del inicio de la campaña electoral para las elecciones municipales, lo que ha generado dudas sobre el compromiso real del Ejecutivo con el proyecto.
La moción, presentada por el grupo popular, también hace referencia a un protocolo firmado en julio de 2023 entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. En este acuerdo, se establecía que la Junta de Andalucía proporcionaría toda la documentación necesaria para acelerar la ejecución de las obras y colaboraría en la disposición de los terrenos para la construcción de la desaladora.
Sin embargo, a pesar de los compromisos asumidos, el Gobierno ha demorado el avance del proyecto. En una respuesta parlamentaria del 3 de abril de 2024, se reconoció que la competencia para desarrollar el proyecto técnico recae en el ministerio, que debe encomendarlo a la empresa pública estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed). Esta empresa se encargaría, según lo establecido, de la redacción del proyecto, la tramitación administrativa y la licitación de la obra, siempre bajo la aprobación del Ejecutivo.
Ortega lamentó la falta de acción por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, afirmando que este ha mantenido paralizada una infraestructura clave para el presente y el futuro de la Axarquía y de la provincia. En este contexto, el pleno ha instado al gobierno nacional a asumir su responsabilidad y a acelerar la construcción de esta infraestructura esencial para garantizar el suministro de agua en la región.
Fuente: Diputación de Málaga.