El gobierno federal de Estados Unidos se encuentra en el centro de una controversia tras las recientes revelaciones de que se están utilizando datos de Medicaid para identificar y deportar a inmigrantes. Organizaciones defensoras de la privacidad de datos, como la Electronic Frontier Foundation (EFF), el Electronic Privacy Information Center (EPIC) y el Protect Democracy Project, han presentado un escrito de «amicus curiae» instando a un juez a detener esta práctica, calificándola como una violación de las leyes federales de privacidad.
Según un informe, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de EE. UU. compartió información sensible de los beneficiarios de Medicaid con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Medicaid, que proporciona seguro médico a personas de bajos ingresos, incluye a no ciudadanos en su registro en ciertos estados, haciendo que sus datos personales sean accesibles para las autoridades migratorias.
Esta situación ha desencadenado una demanda por parte de California y otros 19 estados contra el HHS y el DHS. Argumentan que la divulgación de estos datos infringe la Ley de Seguridad Social y la Ley de Privacidad. Las organizaciones que defienden la privacidad subrayan que tales acciones vulneran gravemente la confianza y la privacidad de los individuos.
Además, un nuevo acuerdo interagencial ha suscitado preocupación al permitir al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acceder a la información personal de los beneficiarios de Medicaid. Este acuerdo ha sido duramente criticado por su falta de transparencia y los riesgos que conlleva para la privacidad de los ciudadanos.
Desde los años 70, y en especial tras el escándalo de Watergate, se han implementado leyes para proteger la información del gobierno. La EFF ha reiterado su compromiso con la defensa de estas protecciones, advirtiendo que los recientes intentos de acceder a datos privados representan un grave riesgo para los derechos y la confianza del público. Esta situación resalta la necesidad urgente de salvaguardar la información confidencial frente a posibles abusos por parte de entidades gubernamentales.
