En el estado de Massachusetts, un caso reciente ha puesto bajo el microscopio el delicado equilibrio entre la seguridad pública y el derecho a la privacidad. Anthony Govan, pendiente de juicio y bajo monitoreo electrónico, fue involuntariamente inmerso en una controversia jurídica cuando las fuerzas del orden, en el curso de una investigación no relacionada, solicitaron información de ubicación a la división de monitoreo del tribunal. Este acceso a los datos de Govan sin una orden judicial específica ha levantado una ola de críticas y planteado serias preguntas sobre el uso adecuado de información recopilada en tales circunstancias.
La Electronic Frontier Foundation (EFF), aliada con la Comisión de Servicios Públicos para la Defensa, la ACLU y la Asociación de Abogados de Defensa Criminal de Massachusetts, ha reaccionado enérgicamente. Frente a la Corte Suprema Judicial de Massachusetts, la EFF presentó un escrito amicus, sosteniendo que la recolección de datos de Govan, inicialmente concebida para asegurar el cumplimiento de sus condiciones de libertad, fue utilizada fuera de contexto y sin el respaldo legal necesario. En su argumento, se destaca que el proceso de monitoreo es, en esencia, coercitivo, donde la privación de libertad complica el verdadero consentimiento para el seguimiento electrónico.
El epicentro del debate se centra en la expectativa de privacidad de Govan sobre su información de ubicación. A pesar de estar monitorizado electrónicamente, se debaten los límites de la intimidad que Govan debería mantener, especialmente en relación con su presunción de inocencia. La EFF subraya la sensibilidad de los datos de geolocalización, apoyándose en precedentes de la Corte Suprema de EE.UU. que reconocen su alto potencial revelador sobre aspectos íntimos de la vida cotidiana.
La situación es aún más compleja al considerar que Govan no ha sido condenado. De acuerdo con las leyes, aquellos que están bajo libertad provisional deberían disfrutar de mayores protecciones bajo la Cuarta Enmienda que los que cumplen una condena. En este sentido, los defensores argumentan que los datos deben utilizarse exclusivamente para asegurar el cumplimiento de las condiciones de la libertad de Govan, limitando su uso para propósitos externos.
El llamado de la EFF a la Corte no solo busca justicia en este caso específico, sino también establecer pautas claras que prevengan futuros abusos. En particular, insiste en que las órdenes judiciales no deben ser generales, recordando que la Cuarta Enmienda prohíbe registros sin criterios específicos, una protección esencial en una era donde la expansión estatal de la vigilancia es una preocupación real.
Este caso ilustra los peligros de un monitoreo electrónico mal regulado, presentándolo como una alternativa a la arresto que puede abrir la puerta a potenciales excesos gubernamentales. Las cortes están destinadas a ser guardianes de la línea entre el uso legítimo de la tecnología en la aplicación de la ley y la invasión injustificada de la privacidad personal, y deben ser extremadamente cautelosas al permitir el uso de información con fines no previstos originalmente sin la legislación necesaria que lo respalde.
