La tecnología de reconocimiento facial (FRT) está bajo un riguroso escrutinio judicial en Estados Unidos. Un tribunal de apelaciones de Nueva Jersey ha dictaminado que los fiscales deben divulgar información detallada sobre cómo funciona esta tecnología y sus limitaciones en casos penales. Este fallo, emitido en junio de 2023, emerge del caso State of New Jersey v. Arteaga, que enfatiza el derecho del acusado y del público a comprender la utilización de la FRT para identificar a los sospechosos.
El tribunal destaca la necesidad de proteger los derechos al debido proceso de los acusados, lo que implica evaluar la fiabilidad de la tecnología utilizada en su contra. Esta decisión resalta preocupaciones crecientes sobre los algoritmos de reconocimiento facial, que han mostrado tasas de error especialmente altas para personas de color, así como para personas trans y no binarias.
Recientemente, organizaciones como la Electronic Frontier Foundation (EFF), el Electronic Privacy Information Center (EPIC) y la National Association of Criminal Defense Lawyers (NACDL) han presentado un nuevo amicus brief en el caso State of New Jersey v. Miles. Este caso, en manos del Tribunal Supremo de Nueva Jersey, cuestiona la transparencia en el uso de la FRT durante una investigación criminal.
La divulgación de información sobre el funcionamiento de la FRT, su tasa de error y la procedencia del software es crucial para proteger los derechos de los acusados y asegurar que las decisiones judiciales se basen en evidencia precisa. Las estadísticas indican un aumento del riesgo de errores asociados al uso del reconocimiento facial, lo que podría derivar en arrestos injustos, afectando desproporcionadamente a las comunidades vulnerables.
La transparencia en la utilización de la FRT no solo protege a los acusados sino que también beneficia al público, que tiene el derecho de examinar la tecnología que influye en los procedimientos legales. Según la Constitución de Nueva Jersey y el derecho a la información, el acceso a estos documentos fomenta una mejor supervisión del sistema judicial y refuerza la confianza en sus resultados.
Ante las crecientes preocupaciones sobre sesgos y errores en la FRT, exigir rendición de cuentas se convierte en un aspecto fundamental para alcanzar un sistema de justicia más equitativo y justo.
