La Electronic Frontier Foundation (EFF), una organización dedicada a la defensa de los derechos de los usuarios de tecnología, ha manifestado un sólido apoyo al bufete de abogados Perkins Coie en su impugnación de una reciente orden ejecutiva emitida por la administración Trump. Dicha orden ha sido calificada como insólita, vengativa y violatoria de la Constitución, ya que penaliza al bufete por defender fervorosamente a sus clientes, lo que, según la EFF, atenta contra la Primera Enmienda, el estado de derecho y los principios del ejercicio legal en general.
La EFF subraya que las demandas contra el gobierno federal son un elemento fundamental en el equilibrio de poderes que sostiene la democracia en los Estados Unidos. Estas acciones legales reflejan una confianza en el sistema judicial para resolver de manera justa las disputas, y en la capacidad del poder ejecutivo para acatar dichas resoluciones. Históricamente, este marco ha sido crucial para prevenir el autoritarismo y ha sido parte integral de la jurisprudencia estadounidense desde el emblemático caso de Marbury contra Madison en 1803.
La fundación advierte que la aplicación de esta orden ejecutiva no solo perturbaría el equilibrio del sistema de justicia, sino que establecería un precedente preocupante. Los despachos de abogados que representan a clientes en controversias contra la administración en funciones podrían ser castigados simplemente por cumplir con su deber profesional.
Entre las numerosas inquietudes constitucionales que suscita la orden, se destaca el intento del gobierno de manipular el sistema legal controlando los argumentos que los abogados pueden presentar. Se considera que la orden es una respuesta inconstitucional a la expresión protegida que efectúan los abogados de Perkins Coie en representación de sus clientes. Además, se argumenta que la orden actúa como un juramento de lealtad ilegal para la profesión legal, al condicionar el acceso a los tribunales federales y las relaciones con contratistas gubernamentales a la sumisión al ejecutivo.
Defensores de las libertades civiles, como la EFF, dependen del estado de derecho y el acceso a los tribunales para salvaguardar los derechos fundamentales de sus clientes y del público en general. Desde esta perspectiva, afirman que la orden ejecutiva constituye un ataque directo a los principios fundamentales de la democracia estadounidense y solicitan su anulación inmediata por parte de los tribunales, así como una condena unánime por parte de toda la profesión legal.
