En un momento en que el acceso a la legislación resulta esencial para el ejercicio de los derechos ciudadanos, un nuevo capítulo se desarrolla en los tribunales estadounidenses. Dos cortes de apelaciones han rechazado intentos de actores privados para utilizar el copyright como herramienta de restricción al acceso a normativas que afectan la vida diaria. Estas leyes comprenden regulaciones tan diversas como la seguridad doméstica, la normativa laboral y los códigos de dispositivos electrónicos.
Un organismo de estándares ha recurrido al Tercer Circuito de la Corte de Apelaciones, solicitando que su postura sobre el derecho de propiedad de las normas creadas por entidades privadas sea reconocida, a pesar de las decisiones contrarias de otras instancias. Frente a esto, la Electronic Frontier Foundation (EFF), apoyada por organizaciones como la Asociación Americana de Bibliotecas y Public Knowledge, ha presentado un amicus brief solicitando a la corte que ratifique el consenso judicial que dicta que «nadie posee la ley».
El conflicto específico envuelve a UpCodes, una firma que recopila códigos de construcción en una base de datos accesible, incluyendo el adoptado Código Eléctrico Nacional. ASTM, una organización privada implicada en la elaboración de estos códigos, afirma que sus derechos de copyright subsisten incluso cuando las normativas se integran oficialmente a la legislación, buscando así regular su acceso y distribución pública. No obstante, tanto la Constitución como la Ley de Derechos de Autor no apoyan este reclamo.
Otros tribunales de diferentes circuitos han sostenido que los códigos de ley pierden su protección de copyright al ser formalmente adoptados por la legislación. Asimismo, decisiones previas de la corte del Circuito de D.C. han establecido que facilitar el acceso a estos estándares por internet constituye un uso legítimo y protegido. Un tribunal federal en Pennsylvania también ha ratificado esta interpretación al dictaminar que la base de datos de UpCodes califica como un uso justo.
La expectativa gira en torno a que el Tercer Circuito reafirme estas posiciones, estableciendo que los estándares incorporados en la legislación deben formar parte del dominio público. La democratización del acceso a las leyes, potenciada por la tecnología digital, ha permitido que ciudadanos, periodistas y especialistas en seguridad puedan comprender, debatir y difundir las regulaciones que nos impactan a todos. Este acceso es vital, ya que muchas de estas normativas se desarrollan por entidades privadas y se adoptan sin demasiado escrutinio público.
El Tribunal Supremo ha reiterado que «cada ciudadano se presume que conoce la ley», subrayando la importancia de un acceso irrestricto a la misma. A pesar de lo evidente de este razonamiento, la discusión continúa, aunque parece llegado el momento de darle un fin definitivo a este asunto.
