Las fuerzas policiales en Estados Unidos están bajo un creciente escrutinio debido al uso cuestionable de la tecnología de reconocimiento facial, conocida como FRT. Recientes investigaciones han puesto de manifiesto casos de arrestos erróneos, generando serias preocupaciones sobre la fiabilidad y precisión de esta herramienta tecnológica. Un informe detallado por el Washington Post revela que, aunque las autoridades aseguran que usan FRT solo como una ayuda investigativa, en la práctica a menudo se omiten protocolos adecuados, resultando en detenciones basadas exclusivamente en coincidencias generadas por software.
Entre los casos destacados se encuentran los de Christopher Galtin en St. Louis y Jason Vernau en Miami, quienes experimentaron detenciones injustas a pesar de la existencia de pruebas que demostraban su inocencia. La situación en Miami es particularmente preocupante, ya que un alto mando policial había garantizado al Congreso que no se realizarían arrestos basados únicamente en FRT. Esta contradicción evidencia que las normativas no siempre son seguidas por los policías.
Un aspecto inquietante señalado por el informe es el sesgo racial presente en la tecnología. Los sistemas de reconocimiento facial muestran una menor precisión al identificar a personas de piel oscura, lo que agrava las preocupaciones sobre posibles injusticias y racismo sistémico. Este sesgo inherente ha llevado a que un número desproporcionado de errores afecten a comunidades minoritarias.
Frente a la evidencia presentada, diversas ciudades de Estados Unidos están optando por prohibir el uso policial del reconocimiento facial. Estas medidas buscan proteger las libertades civiles, especialmente considerando que en un futuro, tecnologías avanzadas podrían utilizarse para vigilancia masiva o identificación de personas en manifestaciones, amenazando derechos fundamentales.
Organizaciones defensoras de los derechos civiles están intensificando sus esfuerzos para que las autoridades implementen restricciones claras respecto al uso de FRT. Argumentan que garantizar un uso ético y responsable de la tecnología es crucial para prevenir daños potenciales. La demanda por cambios legislativos está respaldada por la continua acumulación de casos que subrayan la necesidad urgente de medidas correctivas para proteger los derechos de todos los ciudadanos.
