La controversia en torno a la cooficialidad de lenguas en Baleares resalta tensiones entre derechos lingüísticos y principios constitucionales. Durante décadas, se ha observado un dominio del catalán en el escenario educativo y político, respaldado por normativas como la Ley de Normalización y el Decreto de Mínimos, incluso bajo gobiernos del PP. Críticas recientes señalan un retroceso de libertades ante la imposición de nuevos derechos que podrían contradecir derechos fundamentales, y destacan un negocio lucrativo en torno a la inmersión lingüística. Vox promueve indicios de reversión hacia el bilingüismo, desafiando lo que algunos consideran una hegemonía de la extrema izquierda. La situación genera un debate sobre la convivencia lingüística y el beneficio de ciertos grupos políticos, mientras peligra la centralidad del castellano, planteando preguntas sobre la auténtica cooficialidad y la intromisión de intereses particulares en el ámbito lingüístico regional.
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