Durante su comparecencia en el Tribunal Supremo, Pilar Rodríguez afirmó que la información relativa a Alberto González Amador era accesible para unas 500 personas. La declaración se produce en el marco de una investigación por presunto acceso indebido a datos personales, centrándose en quiénes tenían permisos y cómo se gestionaba dicha información. Rodríguez enfatizó la amplitud del acceso, sugiriendo que el entorno era potencialmente vulnerable y subrayó la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad para proteger la privacidad de los implicados. La repercusión de estas declaraciones podría influir en el manejo del caso y en las normas de acceso a datos confidenciales.
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