La Fiscalía ha manifestado su oposición a que el Tribunal Supremo reabra el caso del concejal del PP, Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA en 1997. En este sentido, ha solicitado la inadmisión de los recursos presentados por el Partido Popular y las acusaciones populares de la asociación Dignidad y Justicia y la Fundación Villacisneros. Según María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Supremo, los hechos están prescritos. Esta postura contrasta con la de la junta de fiscales de la sección penal del Supremo, que mostró apoyo mayoritario para reabrir el caso tras los recursos de casación, en desacuerdo con la Audiencia Nacional, que previamente archivó el caso por prescripción.
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