La Fundación Bofill ha instado al Departamento de Educación de Cataluña a incorporar 759 educadores e integradores sociales para atender a los alumnos más vulnerables, aumentando así la plantilla actual que consta de solo 60 educadores sociales y 240 técnicos de integración social. Esta solicitud surge tras la desaparición de fondos europeos y la consiguiente reducción de personal especializado, lo que ha provocado críticas debido al aumento del alumnado con problemas socioeconómicos. Las cifras actuales muestran un profesional por cada mil alumnos con necesidades, lo que afecta negativamente las oportunidades educativas y los resultados académicos en un contexto donde la matrícula viva se ha duplicado en la última década. La fundación ha enfatizado la necesidad de un sistema de financiación diferenciado para los centros con más complejidad y ha criticado el reciente plan contra el abandono escolar por no concretar ampliaciones de estos perfiles profesionales esenciales.
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