La Generalitat Valenciana ha solicitado personarse como acusación particular en el «caso Les Naus», relacionado con el escándalo de adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en Alicante. La solicitud, presentada por la Abogacía de la Generalitat, busca defender los intereses de la administración. Hasta el momento, 15 personas, incluyendo a la ex concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, y a María Pérez-Hickman, ex alto cargo municipal, están siendo investigadas. El caso se originó tras una denuncia del sindicato Manos Limpias, y se ha transformado en una querella por supuestas irregularidades en las adjudicaciones. El próximo 20 de mayo y 5 de junio están programadas las declaraciones de los investigados, mientras que siete testigos, en su mayoría funcionarios de la Consellería de Vivienda y del Ayuntamiento de Alicante, comparecerán el 8 de mayo.
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