El Consell de la Comunidad Valenciana ha decidido interponer un recurso de inconstitucionalidad contra un real decreto ley del Ejecutivo acordado con Junts que modifica la Ley de Extranjería, facilitando el traslado automático de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas. La vicepresidenta y portavoz de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, argumenta que esta medida constituye una injerencia en las competencias exclusivas de la región en protección de menores, un sistema ya sobrecargado con un índice de ocupación superior al 150%. La Abogacía General de la Generalitat ha sido autorizada a iniciar los trámites necesarios, crítica con la falta de consulta y consenso en la Conferencia Sectorial, y denuncia la insuficiencia en la financiación del gobierno central. Camarero advierte del alto coste que representa para la Comunidad Valenciana mantener este sistema, que ya supera el presupuesto, destacando la falta de criterios objetivos en el reparto de menores entre comunidades.
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