La reciente entrada masiva de 60,000 jóvenes marroquíes a Ceuta ha generado una crisis migratoria que pone en entredicho la integridad territorial de España y su imagen internacional. La respuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al anunciar la instalación de boyas en respuesta a la situación, ha sido duramente criticada, mientras que su falta de condena hacia Marruecos levanta sospechas sobre la influencia del país vecino. La percepción de debilidad estatal se agrava con la sugerencia de algunos socios europeos de reconsiderar la aplicación del espacio Schengen con España, dada la incapacidad aparente del país para controlar sus fronteras. Esta situación deja en evidencia la preocupación sobre el riesgo de que España se convierta en un Estado fallido y cuestiona las lealtades internas y externas en torno al asunto.
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