En Texas, la controversia sobre el aborto sigue intensificándose con la introducción de la propuesta de ley S.B. 2880, que busca prohibir la distribución y venta de píldoras abortivas. Este proyecto va más allá, intentando restringir el acceso a información en línea sobre opciones seguras y legales para abortos por medicación.
La S.B. 2880 plantea ilegalizar la «provisión de información» sobre cómo obtener estos medicamentos. Esto abarca desde correos electrónicos y chats en línea hasta la creación de sitios web que guíen hacia servicios de aborto en otros estados. Incluso las publicaciones en redes sociales podrían estar en riesgo.
La propuesta también apunta a plataformas digitales, sites y apps de mensajería que podrían ser vistas como culpables si alojan contenido relacionado con el aborto. Esta iniciativa refleja una estrategia similar a la S.B. 8, fomentando demandas civiles por compartir o facilitar acceso a tal información. Esto podría restringir severamente la libertad de expresión, comprometiendo la salud de quienes buscan información confiable sobre sus opciones reproductivas.
Además, la S.B. 2880 incentiva a los intermediarios en línea a censurar contenido referido al aborto al ofrecerles inmunidad legal si bloquean dicho contenido rápidamente. Aunque el proyecto menciona que no pretende restringir la libre expresión, su implementación podría contradecirse con las protecciones federales como el 47 U.S.C. § 230.
El intento del gobierno texano de limitar el acceso a información representa un desafío para los derechos establecidos por la Primera Enmienda. Independientemente de las posturas sobre el aborto, es esencial defender el derecho a la libre expresión y oponerse a propuestas que buscan socavarlo.
