Recientemente, el Consejo de Ministros de España ha dado un paso significativo al aprobar un anteproyecto de ley que busca reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin que ello implique una pérdida salarial para los trabajadores. Este cambio supone una reforma de gran calado, acordada entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT, aunque ha enfrentado la oposición de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, quienes insisten en que la modificación debería ser fruto de la negociación colectiva. Cabe destacar que, en los últimos veinte años, ningún país de la Unión Europea ha implementado una reducción similar, lo que convierte esta medida en un hito de gran relevancia para aproximadamente 12 millones de trabajadores españoles, según declaraciones de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
En cuanto a la implementación de esta medida, el Gobierno español tiene como objetivo que la norma se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del verano. Sin embargo, el proceso legislativo aún enfrenta varias etapas, incluyendo evaluaciones por parte del Consejo de Estado y el CES, así como una segunda aprobación por el Consejo de Ministros. Posteriormente, se debatirá en el Congreso de los Diputados, donde se prevé para marzo, con la posibilidad de que los grupos parlamentarios presenten enmiendas antes de su aprobación definitiva. Para que la reforma se consolide, es esencial que el Gobierno obtenga una mayoría parlamentaria que la respalde.
La reducción de la jornada laboral dará especial atención a los trabajadores no protegidos por convenios colectivos y a aquellas empresas cuya jornada supere el nuevo límite en promedio anual, estableciéndose el 31 de diciembre de 2025 como la fecha tope para adaptarse a los nuevos horarios. Para asegurar el cumplimiento de lo estipulado, todas las empresas deberán adoptar un sistema de registro horario digital que sea accesible tanto para los empleados como para la Inspección de Trabajo, con el objetivo de que las horas trabajadas se registren en tiempo real, incluyendo el inicio, fin e interrupciones de la jornada laboral.
En caso de incumplimiento, el Gobierno endurecerá las sanciones, aplicándolas por cada trabajador afectado. Las multas variarán en función de la gravedad de la infracción: leves (1.000 a 2.000 euros), medias (2.001 a 5.000 euros), y graves (5.001 a 10.000 euros). Tanto Pedro Sánchez como Yolanda Díaz consideran que esta reforma laboral representa un avance significativo, alineando a España con la tendencia europea de reducción de jornada. No obstante, las empresas deberán adaptarse y cumplir con la nueva normativa para evitar sanciones, implementando sistemas de control horario y garantizando el cumplimiento de las nuevas disposiciones.
