La agencia anticorrupción de Corea del Sur intentó arrestar al presidente Yoon Suk-yeol, suspendido desde diciembre tras imponer brevemente la ley marcial. Acusado de insurrección y abuso de poder, Yoon evitó la detención gracias a la intervención de una unidad militar, a pesar de la orden judicial emitida tras ignorar citaciones. La controversia ha generado tensiones políticas, con cientos de partidarios manifestándose a favor del líder. El arresto desafía la historia democrática del país, requiriendo aprobaciones judiciales excepcionales para investigar la residencia presidencial. El caso ha agitado el panorama político, con el presidente interino Choi Sang-mok tomando medidas para estabilizar el Tribunal Constitucional en medio de críticas de su propio partido. La ley marcial, inédita desde 1980, y su rechazo parlamentario, han desestabilizado al país, provocando protestas y divisiones políticas.
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La intervención militar frustra el arresto del presidente surcoreano en su hogar
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