En una reciente comparecencia en el Parlamento de Andalucía, el vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha anunciado que la Junta de Andalucía llevará a cabo una evaluación específica de las cargas de trabajo de los órganos judiciales en las zonas más afectadas por el narcotráfico. El objetivo de esta medida es identificar las necesidades y reforzar los medios que son competencia de la administración autonómica.
Gavira se refirió al reciente informe de la Fiscalía, que señala problemas significativos relacionados con el narcotráfico en Andalucía, destacando la amenaza que supone para la paz social y la insuficiencia de recursos materiales y humanos. Según el consejero, estos problemas constituyen «una alarma social» y las demandas de los representantes judiciales requieren una «respuesta seria.»
El consejero subrayó la responsabilidad del Estado en la creación de plazas judiciales, así como en la dotación de letrados de la Administración de Justicia y en la determinación de la planta, mientras que la Junta exigirá al Ministerio, al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía una evaluación precisa de las cargas de trabajo en las áreas más afectadas por el narcotráfico.
Una vez obtenida esta evaluación, la Junta se encargará de analizar los recursos humanos y materiales bajo su competencia para adaptar su respuesta a las necesidades de los órganos judiciales en cuestión. Gavira resumió el compromiso del gobierno autonómico afirmando que exigirán al Estado cumplir con sus obligaciones, mientras que la Junta hará lo propio con las suyas.
Fuente: Gobierno al día de Andalucía.
