El Consejo de Gobierno de Andalucía ha dado luz verde para que la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad inicie los trámites previos necesarios para presentar un recurso de inconstitucionalidad. Este recurso está dirigido contra el Real Decreto ley 2/2025, emitido el 18 de marzo, que establece medidas urgentes para asegurar el interés superior de la infancia y la adolescencia en situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.
La decisión de iniciar estos trámites surge del convencimiento del gobierno andaluz de que el Real Decreto ley, que distribuye menores migrantes no acompañados, representa una invasión a las competencias autonómicas. Andalucía pretende así recurrir ante el Tribunal Constitucional la medida de reparto, defendiendo su independencia competencial y asegurando un trato equitativo entre las diferentes comunidades autónomas. Asimismo, el gobierno subraya la importancia de tratar a los menores con dignidad, evitando que sean considerados meras mercancías.
El principal objetivo de esta iniciativa es garantizar que la atención a estos menores sea de calidad, destacando que un reparto impuesto y sin la financiación adecuada podría comprometer ese estándar. La administración andaluza recuerda que la región deja de percibir anualmente 1.500 millones de euros debido a la infrafinanciación basada en el actual modelo de financiación de las comunidades autónomas. Este aspecto financiero es clave en la postura de Andalucía, que busca asegurar los recursos necesarios para gestionar adecuadamente la acogida de menores migrantes en su territorio.
Fuente: Junta de Andalucía.
