La Junta de Andalucía ha tomado la decisión de desactivar el Plan de actuación territorial médico forense, implementado el pasado domingo 18 de enero, tras el trágico accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba. Este plan había sido activado para gestionar la identificación y entrega a los familiares de las 45 víctimas mortales del suceso.
En la operación participaron 27 médicos forenses provenientes de diferentes provincias andaluzas. El Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba, dependiente de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, fue el centro de operaciones para estas labores. Inicialmente, los 16 profesionales del IML de Córdoba trabajaron en el caso, y pronto fueron reforzados por colegas de Granada, Málaga, Jaén, Sevilla y la coordinadora de los IML andaluces, con base en Huelva.
El dispositivo incluyó un equipo completo de psicólogos del IML de Córdoba, quienes brindaron apoyo y asistencia tanto a familiares como a heridos y otros afectados por la catástrofe. Además, un equipo de la Consejería de Justicia mantuvo un contacto continuo con las familias de las víctimas, facilitando la comunicación y gestionando los trámites burocráticos necesarios.
El Instituto de Medicina Legal de Córdoba, preparado para grandes emergencias, cuenta con una cámara capaz de albergar hasta 45 cuerpos, espacio que no fue necesario ampliar aunque existían planes para hacerlo en caso de ser preciso. Se estableció también un Centro de Integración de Datos en la Ciudad de la Justicia, coordinado por el director del IML, asegurando así una respuesta estructurada ante el suceso.
Por otro lado, el Tribunal de Instancia de Montoro, encargado de la investigación judicial del accidente, ha recibido refuerzos tanto humanos como materiales. En cuanto al personal, se ha asignado un gestor procesal y un tramitador adicionales, así como personal de apoyo temporal al Registro Civil. El personal existente cuenta con la posibilidad de realizar horas extras durante 30 días, prorrogables según las necesidades del caso.
Respecto a los recursos materiales, el tribunal ha recibido dos impresoras adicionales y se ha creado una cuenta de correo específica para gestionar el volumen de documentación generado. La Delegación Territorial de la Consejería en Córdoba sigue colaborando estrechamente con el tribunal para asegurar que se cumplan todas las necesidades que surjan durante la investigación.
Fuente: Junta de Andalucía.
