El Consejo de Gobierno ha informado sobre la carta enviada por la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos a la ministra María Jesús Montero. En esta misiva, se subraya la urgente necesidad de reformar la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. La finalidad es adaptar la normativa española al nuevo marco de gobernanza fiscal europeo, que está en vigor desde abril de 2024. Más de un año después, España no ha logrado integrar estos cambios en su legislación.
El nuevo marco europeo, obligatorio para todos los países de la UE, implica un cambio significativo al centrarse en la planificación a medio plazo, mientras que la ley española se enfoca en objetivos anuales. Esta diferencia afecta negativamente a regiones como Andalucía, que tiene una gran población y necesidades de inversión, pero cuenta con una capacidad fiscal reducida.
El sistema europeo establece objetivos específicos para cada país basándose en su situación socioeconómica, pero en España, la legislación trata por igual a todos los territorios, ignorando sus recursos, población, y potencial de crecimiento económico.
La Junta de Andalucía defiende que la normativa española debería permitir una aplicación flexible de la regla de gasto, estableciendo límites diferenciados según el nivel de administración y gasto en servicios públicos fundamentales. Actualmente, un límite uniforme del 3,2% aplica a todas las administraciones para 2025, incluyendo el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
La reforma propuesta pretende corregir las deficiencias del modelo actual, favoreciendo un entorno fiscal más justo y equitativo. Andalucía sugiere establecer tasas de gasto diferenciadas por territorio, acordes a sus realidades económicas y sociales, evitando la imposición de reglas homogéneas que resultan injustas.
Además, se busca mayor flexibilidad en el uso del superávit y un mecanismo de corrección a medio plazo, permitiendo compensaciones en caso de incumplimientos anuales. El gobierno andaluz también pide la participación activa de las comunidades autónomas en los planes fiscales nacionales, una mayor transparencia fiscal, y recompensas para las regiones que cumplan con las normativas, como acceso preferencial a fondos europeos.
Finalmente, Andalucía recalca que esta reforma no debería abordarse por separado, sino junto a la del sistema de financiación autonómica, cuya obsolescencia perjudica a la comunidad.
Fuente: Junta de Andalucía.
