El consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública de Andalucía, José Antonio Nieto, expresó su preocupación ante el proyecto de Real Decreto del Gobierno de España para regular los Centros de Proceso de Datos, asegurando que podría comprometer la soberanía digital de Andalucía. Durante su intervención en el pleno del Parlamento, Nieto destacó que esta regulación, que el Gobierno central pretende tramitar de urgencia y sin diálogo con las comunidades autónomas ni el sector, amenaza el futuro tecnológico de Andalucía y de España.
Nieto argumentó que los centros de proceso de datos son infraestructuras críticas para el desarrollo de la Inteligencia Artificial y otras tecnologías, como la computación cuántica. Sin embargo, manifestó que las condiciones establecidas en el Real Decreto son insostenibles con la tecnología actual, lo que podría paralizar alrededor de 20 proyectos en marcha en Andalucía, con inversiones cercanas a los 10,000 millones de euros.
El consejero subrayó que el problema no solo radica en la creación de nuevas infraestructuras, sino que afecta también a la capacidad de la comunidad para gestionar sus recursos tecnológicos y datos. Esto, según Nieto, podría obligar a Andalucía y a gran parte de España a depender de infraestructuras extranjeras para el alojamiento de datos, renunciando así a la soberanía digital.
En su intervención, Nieto también destacó el potencial energético de Andalucía, comparando la capacidad de generación renovable de la comunidad con la importancia de Arabia Saudí en el sector de los combustibles fósiles. Sin embargo, criticó al Gobierno central por no invertir en las conexiones necesarias para aprovechar este potencial energético en el desarrollo tecnológico de la región.
Finalmente, el consejero solicitó al Gobierno de España que reconsiderara el contenido del Real Decreto y que tuviera en cuenta las necesidades y capacidades de Andalucía, enfatizando que la cuestión energética y tecnológica no puede tratarse de forma aislada. Concluyó su intervención advirtiendo que la normativa, tal como está planteada, representa un ataque a la soberanía y al futuro de Andalucía.
Fuente: Gobierno al día de Andalucía.
