En el último encuentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), celebrado el 26 de febrero de 2025, las tensiones se intensificaron, con Andalucía y once comunidades más expresando su insatisfacción ante las propuestas del Gobierno de España. El foco de la discordia radica en la urgente necesidad de una reforma del sistema de financiación autonómica, aspecto central que la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos recalca como prioritario.
Durante la reunión, se examinaron diversos elementos fiscales, destacando el análisis del Ministerio de Hacienda sobre la estabilidad presupuestaria y la deuda pública correspondiente a 2023. Sin embargo, la controversia se centró en dos asuntos clave: la distribución del Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de entidades financieras, conocido como «Impuesto a la Banca», y los criterios de condonación de deuda de las comunidades autónomas.
Andalucía, junto a otras comunidades, ha mostrado su desacuerdo con la propuesta del CPFF sobre cómo se debería repartir la recaudación del Impuesto a la Banca, que según el gobierno central se haría en función del Producto Interno Bruto (PIB). Estos gobiernos regionales sostienen que tal criterio es perjudicial para Andalucía, ya que no refleja adecuadamente la realidad económica, esencialmente sus conexiones con intereses hipotecarios y comisiones bancarias. Según datos del INE, Andalucía soporta una carga hipotecaria que se situaba en diciembre de 2024 en el 19% del total nacional, superando significativamente su proporción de PIB.
El informe de la Junta subraya que adoptar el criterio del PIB en lugar del de población significaría una pérdida económica significativa para la región, estimada en 228 millones de euros durante el periodo de tres años de vigencia del impuesto, una cifra equivalente a una décima del PIB regional.
La falta de consenso también se observó en debate sobre la condonación de la deuda regional, en el que las comunidades afectadas manifestaron su rechazo al uso del CPFF para sostener lo que consideran una estrategia parlamentaria del Gobierno central que desatiende sus intereses. Estos desacuerdos culminaron en la retirada de varios consejeros de la sesión plenaria del CPFF, dejando constancia de sus posiciones mediante una carta oficial.
Este grupo de comunidades urgió al gobierno a no dilatar más la reforma del sistema de financiación y a implementar un Fondo Transitorio que mitigue la infrafinanciación actual. Además, exigieron actualizar las entregas a cuenta del 2025 y continuar con el mecanismo Extra-FLA para comunidades como la Comunidad Valenciana, afectada por desastres naturales.
A pesar de estos obstáculos, la votación se llevó a cabo en ausencia de las comunidades disidentes, resultando en la aprobación de ambos acuerdos. No obstante, este resultado ha sido recibido con escepticismo por la Junta de Andalucía, que insiste en que la reforma integral del sistema de financiación es imperativa, subrayando las disparidades verticales entre los recursos del Estado y los de las comunidades, que dañan profundamente a regiones como Andalucía.
El informe concluye planteando inquietudes sobre la metodología de condonación de deuda propuesta y las objeciones del Órgano Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que también asistió al pleno, sobre el propósito y procedimiento presentados por el gobierno central. En este contexto de tensiones y demandas insatisfechas, la necesidad de reevaluar y reformular el sistema de financiación autonómica se presenta como un desafío ineludible para garantizar una distribución fiscal más justa y equitativa.
Fuente: Junta de Andalucía.
