La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de Andalucía ha dado un paso crucial para el avance del proyecto de la Ciudad de la Justicia de Jaén, tras remitir el expediente completo a la Oficina Andaluza de Evaluación Financiera. Esto se produce después de recibir el visto bueno del Gabinete Jurídico, constituyendo el último trámite administrativo necesario antes de que el proyecto pueda ser licitado.
Este proceso se desarrolla bajo la supervisión de la Oficina Andaluza de Evaluación Financiera, un organismo ligado a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Su evaluación positiva es imprescindible según la normativa básica de contratos del sector público para poder proceder con la licitación mediante concesión de obra pública. El informe de este organismo es vinculante y esencial para que la licitación pueda ser lanzada.
El expediente, que esperaba la aprobación del Comité de Cuentas Nacionales del Ministerio de Hacienda, se ha visto retrasado más de ocho meses, un periodo considerable teniendo en cuenta que la previsión inicial era de un mes. Este retraso ha impedido que la licitación se lanzara antes de finalizar el año, tal como se pretendía inicialmente. Sin embargo, con las cuentas andaluzas aprobadas, el expediente finalmente fue enviado a la Oficina de Evaluación Financiera.
La autorización del Comité de Cuentas llegó el 11 de noviembre, tras haber sido solicitada el 26 de marzo, y posteriormente pasó por el Gabinete Jurídico de la Junta, quien tras algunas observaciones, permitió el avance del proyecto.
El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha asegurado que el proyecto es «irreversible» y que los ciudadanos de Jaén verán iniciar las obras en 2026. Expresó que se ha realizado un trabajo arduo durante más de tres años para sacar adelante la licitación a principios del próximo año.
La Ciudad de la Justicia de Jaén forma parte del Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030 del Gobierno de Juanma Moreno, y busca resolver una deuda histórica con la capital jiennense, poniendo fin a la dispersión actual de sedes. El proyecto, que abarca más de 34,000 metros cuadrados, casi triplica el espacio disponible actualmente y se realiza bajo la modalidad de concesión de obra pública, un hito novedoso en España.
En este modelo, la empresa adjudicataria correrá con la inversión inicial y los costos de mantenimiento, limpieza, seguridad y otros servicios, siendo compensada con un canon anual de 9,7 millones de euros a lo largo de 28 años. Al finalizar dicho periodo, el edificio pasará a ser propiedad de la Junta de Andalucía.
Fuente: Junta de Andalucía.
