El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha defendido el «cambio radical» que ha supuesto la nueva Ley de Función Pública en la Administración de la Junta de Andalucía, aprobada en 2023 para sustituir una norma de 1985. Según Nieto, esta ley es «probablemente la más vanguardista de España» y está sirviendo como referente para otras administraciones. En sus dos años de vigencia, la ley ha logrado simplificar trámites, digitalizar y automatizar procesos, reducir la temporalidad e incorporar nuevos modelos de selección y provisión de puestos de trabajo, como el Concurso Abierto y Permanente.
Nieto ha enfatizado el gran esfuerzo realizado para desarrollar esta «ambiciosa» ley en un corto período, priorizando siempre el diálogo sobre la rapidez, con el objetivo de avanzar desde el consenso. Durante su comparecencia en una comisión parlamentaria, Nieto afirmó que la norma aprobada era el primer paso para una transformación radical de la Administración Pública, permitiendo una gestión más flexible y menos burocrática.
Uno de los logros destacados de la ley ha sido la reducción de la temporalidad en el empleo público, desbloqueando ofertas de empleo atrasadas e incorporando un 20% de plazas adicionales en las convocatorias. Esto ha evitado la necesidad de recurrir a interinos y ha permitido nuevos sistemas de selección, como el Concurso Abierto y Permanente, en el que participaron 6.529 funcionarios y se adjudicaron 1.906 plazas.
Además, el decreto de selección y provisión de puestos aprobado ha actualizado el sistema de acceso y promoción en la Administración Pública. Ha reducido la temporalidad al 5%, superando las exigencias de la Unión Europea. Nieto anunció que para 2026 se espera continuar con el desarrollo de la ley mediante un Decreto de Evaluación del Desempeño y de carrera horizontal, que establecerá un sistema integral de medición del rendimiento profesional.
En paralelo, se perseguirá regular nuevas situaciones como el teletrabajo y la desconexión digital, junto a medidas de conciliación. Todo ello se enmarca en un acuerdo de mejora del empleo y los servicios públicos alcanzado con unanimidad de todos los sindicatos, un hecho considerado histórico. Este acuerdo incluye un alcance económico de 250 millones de euros y un horizonte de cinco años.
El acuerdo se estructura en cuatro grandes ejes: la transformación de la administración pública para lograr una organización más ágil y eficiente; el fortalecimiento del capital humano mediante mejoras en el empleo público; la actualización y modernización de los convenios colectivos, destacando la negociación del VII Convenio Colectivo; y el refuerzo de la calidad de los servicios públicos, con la formación continua de los empleados y la reorganización de los recursos.
Fuente: Junta de Andalucía.
