El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, compareció recientemente en el Pleno del Parlamento para informar sobre los significativos acuerdos alcanzados con las organizaciones sindicales en la Mesa General de Función Pública y la Mesa Sectorial de Administración General. El objetivo de estos acuerdos es la mejora del empleo público y la administración andaluza. Nieto enfatizó la unanimidad y credibilidad del que considera «el mayor acuerdo» en función pública en las últimas dos décadas, diferenciándose de pactos anteriores como el de julio de 2018, que no se implementaron por falta de recursos y reformas.
Durante su intervención, Nieto subrayó el esfuerzo llevado a cabo en esta legislatura para llevar a cabo una profunda transformación de la Administración Pública, con el apoyo de sus profesionales. Esta transformación comenzó con la nueva Ley de Función Pública de 2023, que sustituyó una normativa desfasada de 1985. Los acuerdos recientes, descritos como «históricos», implican una inversión de 250 millones de euros hasta 2030.
El consejero expresó su agradecimiento a las organizaciones sindicales CSIF, UGT, CCOO, SAF e ISA por su cooperación y lealtad, que han llevado a una unanimidad sindical no vista desde 2006. Destacó que, además de las mejoras salariales, también se busca mejorar la calidad del servicio público a los ciudadanos, marcando un enfoque hacia el diálogo social y el consenso.
Estos acuerdos, fruto de la Mesa General de Función Pública y la Mesa Sectorial de la Administración General, se alinean con la Ley de la Función Pública de Andalucía aprobada en 2023 y su desarrollo reglamentario. Entre las medidas adoptadas, se destaca la reducción de la temporalidad laboral del 50% al 8%, actualizando las ofertas de empleo público, planificando convocatorias anuales y creando sistemas de provisión y selección de puestos como el concurso abierto y permanente.
Nieto comparó el nuevo acuerdo con el de 2018, el cual prometía una modernización sin una reforma integral del marco legal, generando expectativas irrealizables y desconfianza entre los empleados públicos. En cambio, los acuerdos actuales cuentan con un desarrollo legal, un calendario de aplicación y financiamiento asegurado, lo que genera credibilidad y seguridad.
El acuerdo de la Mesa General de Función Pública abarca una inversión de 250 millones de euros a cinco años vista, beneficiando a 65,000 empleados de la administración general, las entidades públicas del sector andaluz y el área de Justicia. Este acuerdo reconoce el papel del personal, estableciendo un marco para su desarrollo profesional y modernizando el sistema retributivo para premiar el mérito y la dedicación.
Asimismo, el acuerdo de la Mesa Sectorial de la Administración General desarrolla la carrera horizontal, evaluación del desempeño y la equiparación salarial de 45,000 funcionarios de carrera, promoviendo un sistema de promoción retributiva más justo y motivador. La carrera horizontal permitirá el progreso profesional sin cambio de puesto, ofreciendo estabilidad a las plantillas, y estará organizada en seis tramos, implementándose entre 2026 y 2029. Además, se implantará un sistema de evaluación del desempeño entre 2029 y 2030, sustituyendo al actual modelo de productividad, asociado a objetivos medibles y transparentes.
Fuente: Gobierno al día de Andalucía.
