El Tribunal de Justicia de la Unión Europea respaldó a la Xunta de Galicia en la tramitación de proyectos eólicos, al dictaminar que no es obligatorio permitir observaciones públicas tras los informes sectoriales. El fallo surge en medio de un conflicto por el desarrollo de la energía eólica en Galicia, debido a la fuerte oposición de ecologistas y vecinos a las numerosas solicitudes de permisos en la región, lo que llevó a la suspensión cautelar de 70 parques eólicos. La decisión ha sido celebrada por la patronal eólica, que ve un paso hacia la recuperación de la seguridad jurídica, pero ha sido criticada por el Bloque Nacionalista Galego y organizaciones ecologistas, que denuncian un modelo depredador y falta de protección ambiental. La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza expresó su decepción, cuestionando la interpretación de la participación pública y señalando deficiencias en evaluaciones ambientales como causa de futuras disputas legales.
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