La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, compareció en el Parlamento andaluz para discutir el Proyecto de Ley de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía, una normativa que busca consolidar un marco legal moderno y justo para este colectivo esencial en la protección del patrimonio natural. García subrayó que esta ley es una «deuda histórica» con los agentes, quienes han trabajado durante décadas bajo un marco normativo disperso.
El proyecto fue concebido a través del diálogo y consenso con 53 entidades, enriqueciendo el texto con diversas aportaciones. García destacó la ausencia de enmiendas a la totalidad por parte de los grupos parlamentarios, indicando un interés común en fortalecer la protección ambiental en la región. Agradeció el impulso inicial de Ramón Fernández-Pacheco y el trabajo de su equipo en alcanzar un texto con consenso y respaldo jurídico.
Esta nueva ley reorganiza la estructura de los Agentes de Medio Ambiente, quienes proceden de antiguos cuerpos de guardas forestales, consolidando ahora un sistema jerarquizado con cuerpos diferenciados. Catalana García explicó la importancia de esta normativa para dignificar la profesión y adaptarla a los tiempos actuales.
El proyecto de ley se compone de tres títulos y 29 artículos, representando una auténtica reforma estructural en el sector. Incluye la creación de cuerpos jerarquizados de funcionarios, garantizando una carrera profesional completa en distintos niveles de responsabilidad y especialización. Además, refuerza la seguridad jurídica de los agentes y su papel como policía medioambiental en Andalucía.
El texto también aborda áreas de especialización como la calidad ambiental, biodiversidad e incendios forestales, asegurando que los agentes estén preparados para enfrentar los desafíos actuales. Mejora las condiciones profesionales con acceso claro, defensa jurídica y formación continua. Destaca también un aumento significativo de mujeres en el cuerpo.
Catalina García resaltó el impacto positivo de la ley en la sociedad, garantizando la presencia de agentes en todo el territorio andaluz, incluyendo las áreas más remotas. La normativa refuerza la conexión entre la población y la administración en busca de la sostenibilidad rural.
Desde 2019, se han ofertado 263 plazas de empleo público, renovado el parque móvil y mejorado las herramientas tecnológicas disponibles para los agentes. Asimismo, se han llevado a cabo 25 acciones formativas específicas, promoviendo la transferencia de conocimiento entre generaciones.
Finalmente, García apeló a la unidad parlamentaria para respaldar una ley que mejora las condiciones de trabajo de los agentes y fortalece la biodiversidad andaluza, destacando su disposición a incorporar aportaciones que enriquezcan el texto final. La consejera enfatizó que esta ley supone un avance histórico en el reconocimiento y fortalecimiento de quienes protegen el entorno natural de Andalucía.
Fuente: Junta de Andalucía.
