El reciente lanzamiento del proyecto de ley conocido como el GUARD Act ha generado un acalorado debate entre legisladores, expertos en tecnología y defensores de la privacidad. Presentado con la intención de proteger a los menores de edad en el ámbito digital, el proyecto ha suscitado preocupaciones sobre las posibles implicaciones de vigilancia y censura que podría acarrear su implementación.
El GUARD Act propone implementar restricciones estrictas en el uso de chatbots de inteligencia artificial, especificando la obligatoriedad de verificaciones de edad para todos los usuarios. Esta normativa impactaría tanto a menores como a adultos, ya que demandaría a las plataformas digitales recopilar información de identidad para verificar la edad de sus usuarios, lo que despierta inquietudes en torno a la privacidad y seguridad de los datos personales.
Críticos del proyecto recalcan que aunque la iniciativa se presenta bajo el pretexto de garantizar la seguridad infantil, en realidad establece un sistema de controles de edad que limitaría la interacción de menores con herramientas digitales, esenciales para su educación y desarrollo personal. Además, al eliminar el papel de los padres en este proceso, se genera un vacío en el ejercicio del consentimiento parental.
El alcance del GUARD Act no se limita a los menores. La obligación de verificar la edad de todos los usuarios podría conducir a la creación de bases de datos masivas con información sensible, aumentando el riesgo de ciberataques y comprometiendo la identidad de millones. La historia ha demostrado que estas verificaciones no han estado exentas de fallas de seguridad.
Por otro lado, las definiciones poco claras contenidas en el proyecto de ley, tales como «chatbot de IA» y «compañero de IA», crean un espectro amplio que podría abarcar desde aplicaciones educativas hasta sistemas de atención al cliente. Esto podría derivar en una restricción innecesaria al acceso a herramientas fundamentales para los adolescentes, interfiriendo con su derecho a la información y al aprendizaje.
Los defensores del GUARD Act argumentan que esta medida es un paso necesario para la protección de los menores en un mundo cada vez más digitalizado. Sin embargo, la legislación podría terminar logrando lo contrario: una mayor censura y una estructura de vigilancia omnipresente que erosiona las libertades en línea, reemplazando la supervisión parental con un mandato gubernamental absoluto.
Finalmente, si bien el objetivo de proteger a los jóvenes en el entorno digital es vital, el enfoque del GUARD Act podría tener consecuencias adversas para la privacidad y la libertad de expresión. Es imperativo que los legisladores reconsideren esta propuesta y busquen soluciones que no comprometan los derechos de los usuarios en línea y promuevan un entorno más seguro y transparente para todos.
