El fenómeno del rechazo a la migración, más allá de sus efectos económicos, plantea serias repercusiones en los principios democráticos y en la cohesión social de las naciones que lo promueven. La construcción de muros y el endurecimiento de políticas migratorias no solo erosiona los derechos humanos en las fronteras, sino que también genera un ambiente de violencia y exclusión que se extiende al interior de los países, afectando a minorías y diversidades culturales. Esta dinámica no solo amenaza a los migrantes, sino que también afecta a quienes son percibidos como distintos dentro de la sociedad, como las personas trans o sin hogar. Además, el discurso antiinmigrante promueve una concepción homogénea de la nación, subestimando la riqueza de la diversidad cultural. La narrativa de que los derechos deben ser merecidos según la nacionalidad o comportamiento introduce una peligrosa legitimación de la desigualdad, afectando el Estado de derecho y la universalidad de los derechos humanos. En este contexto, el avance de la extrema derecha, que capitaliza estas divisiones, es un desafío creciente para las democracias contemporáneas.
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